Ley de intermediación inmobiliaria
. Esta ley se espera con impaciencia desde hace ya bastante tiempo. Su objetivo es garantizar una mejora de la calidad de los servicios de los agentes inmobiliarios y una mayor protección de los clientes. Tras una larga espera, el público ha visto por fin su aprobación en la Cámara de Diputados. Ahora solo queda esperar a que la apruebe el Senado, tras lo cual debería entrar en vigor.
La necesidad de esta medida viene de lejos, desde 2011, cuando se empezó a hablar de ella por primera vez. Su objetivo es poner énfasis en la seguridad de los consumidores y reforzar su confianza en los servicios inmobiliarios. Por fin se observa un avance en este sentido, ya que la Cámara de Diputados ha aprobado finalmente la ley. Ahora se dirige al Senado, que, según las expectativas, debería aprobarla. Si así ocurre, podría entrar en vigor ya el 1 de enero de 2020.
Aunque la forma actual de esta ley no es del todo ideal, en sus puntos principales es suficiente. Los principales cambios se refieren a la mejora de la protección de los clientes y a la mejora general del mercado inmobiliario. A ello ha llevado el hecho de que, junto a las agencias inmobiliarias honestas, todavía hay en el mercado una serie de empresas dudosas y agentes inmobiliarios poco profesionales.
Las propias agencias reclamaban un cambio en la definición de la profesión de «experto en bienes inmuebles». Hasta ahora bastaba con que la persona tuviera estudios secundarios y tres años de experiencia. Sin embargo, en este caso no importaba cuándo la hubiera obtenido. Si esto había ocurrido hace diez años, dicha persona habría perdido el contacto con las tendencias actuales. Esto debería evitarse mediante la superación de un examen, que, sin embargo, no tienen que realizar las personas con formación en derecho, economía o construcción obtenida en la universidad. Estos exámenes pueden ser realizados por las propias agencias.
En la nueva versión se explica en qué consisten las actividades de las agencias, la necesidad de un contrato de intermediación por escrito, la obligación de registrar la actividad de los intermediarios y, por último, la definición del concepto de intermediación inmobiliaria. Solo el tiempo
dirá si esta versión modificada conducirá realmente a una mayor profesionalidad de los proveedores y a una mayor confianza de los clientes. Hay que decir que hacía tiempo que era necesario introducir ciertos cambios.
Ley de intermediación inmobiliaria
. Esta ley se espera con impaciencia desde hace ya bastante tiempo. Su objetivo es garantizar una mejora de la calidad de los servicios de los agentes inmobiliarios y una mayor protección de los clientes. Tras una larga espera, el público ha visto por fin su aprobación en la Cámara de Diputados. Ahora solo queda esperar a que la apruebe el Senado, tras lo cual debería entrar en vigor.
La necesidad de esta medida viene de lejos, desde 2011, cuando se empezó a hablar de ella por primera vez. Su objetivo es poner énfasis en la seguridad de los consumidores y reforzar su confianza en los servicios inmobiliarios. Por fin se observa un avance en este sentido, ya que la Cámara de Diputados ha aprobado finalmente la ley. Ahora se dirige al Senado, que, según las expectativas, debería aprobarla. Si así ocurre, podría entrar en vigor ya el 1 de enero de 2020.
Aunque la forma actual de esta ley no es del todo ideal, en sus puntos principales es suficiente. Los principales cambios se refieren a la mejora de la protección de los clientes y a la mejora general del mercado inmobiliario. A ello ha llevado el hecho de que, junto a las agencias inmobiliarias honestas, todavía hay en el mercado una serie de empresas dudosas y agentes inmobiliarios poco profesionales.
Las propias agencias reclamaban un cambio en la definición de la profesión de «experto en bienes inmuebles». Hasta ahora bastaba con que la persona tuviera estudios secundarios y tres años de experiencia. Sin embargo, en este caso no importaba cuándo la hubiera obtenido. Si esto había ocurrido hace diez años, dicha persona habría perdido el contacto con las tendencias actuales. Esto debería evitarse mediante la superación de un examen, que, sin embargo, no tienen que realizar las personas con formación en derecho, economía o construcción obtenida en la universidad. Estos exámenes pueden ser realizados por las propias agencias.
En la nueva versión se explica en qué consisten las actividades de las agencias, la necesidad de un contrato de intermediación por escrito, la obligación de registrar la actividad de los intermediarios y, por último, la definición del concepto de intermediación inmobiliaria. Solo el tiempo
dirá si esta versión modificada conducirá realmente a una mayor profesionalidad de los proveedores y a una mayor confianza de los clientes. Hay que decir que hacía tiempo que era necesario introducir ciertos cambios.
Ley de intermediación inmobiliaria
. Esta ley se espera con impaciencia desde hace ya bastante tiempo. Su objetivo es garantizar una mejora de la calidad de los servicios de los agentes inmobiliarios y una mayor protección de los clientes. Tras una larga espera, el público ha visto por fin su aprobación en la Cámara de Diputados. Ahora solo queda esperar a que la apruebe el Senado, tras lo cual debería entrar en vigor.
La necesidad de esta medida viene de lejos, desde 2011, cuando se empezó a hablar de ella por primera vez. Su objetivo es poner énfasis en la seguridad de los consumidores y reforzar su confianza en los servicios inmobiliarios. Por fin se observa un avance en este sentido, ya que la Cámara de Diputados ha aprobado finalmente la ley. Ahora se dirige al Senado, que, según las expectativas, debería aprobarla. Si así ocurre, podría entrar en vigor ya el 1 de enero de 2020.
Aunque la forma actual de esta ley no es del todo ideal, en sus puntos principales es suficiente. Los principales cambios se refieren a la mejora de la protección de los clientes y a la mejora general del mercado inmobiliario. A ello ha llevado el hecho de que, junto a las agencias inmobiliarias honestas, todavía hay en el mercado una serie de empresas dudosas y agentes inmobiliarios poco profesionales.
Las propias agencias reclamaban un cambio en la definición de la profesión de «experto en bienes inmuebles». Hasta ahora bastaba con que la persona tuviera estudios secundarios y tres años de experiencia. Sin embargo, en este caso no importaba cuándo la hubiera obtenido. Si esto había ocurrido hace diez años, dicha persona habría perdido el contacto con las tendencias actuales. Esto debería evitarse mediante la superación de un examen, que, sin embargo, no tienen que realizar las personas con formación en derecho, economía o construcción obtenida en la universidad. Estos exámenes pueden ser realizados por las propias agencias.
En la nueva versión se explica en qué consisten las actividades de las agencias, la necesidad de un contrato de intermediación por escrito, la obligación de registrar la actividad de los intermediarios y, por último, la definición del concepto de intermediación inmobiliaria. Solo el tiempo
dirá si esta versión modificada conducirá realmente a una mayor profesionalidad de los proveedores y a una mayor confianza de los clientes. Hay que decir que hacía tiempo que era necesario introducir ciertos cambios.